El informe anual de la Procuración Penitenciaria indica que al menos 32 presos fallecieron en 35 prisiones federales. Pero creen que hay “ocultamiento” de datos por parte de las autoridades
Al menos 32 presos sufrieron muertes violentas en 35 cárceles de Argentina entre enero 2009 y febrero de 2011, aunque el "ocultamiento" de datos por parte de "autoridades penitenciarias" puede esconder un mayor número de víctimas, advierte un informe oficial presentado hoy.
Las
prisiones del país enfrentan un "crecimiento exponencial de muertes" en los primeros meses de 2011, indica el informe anual 2010 de la Procuración Penitenciaria de la Nación, un organismo dependiente del Poder Legislativo que controla la actuación en las cárceles del país suramericano.
En el caso de muertes violentas, ya sean homicidios, suicidios o muertes dudosas, "el ocultamiento penitenciario de los decesos se exacerba", añade el estudio presentado en el Senado argentino que analiza las condiciones de las prisiones dependientes del Servicio Penitenciario Federal.
En 2009, la Procuración accedió a información sobre 15 fallecimientos en condiciones violentas ocurridos en estas cárceles, mientras que en 2010 tuvo conocimiento de ocho, y en los primeros dos meses de 2011, de nueve, detalla el trabajo.
"La reducción registrada en 2010 se encuentra íntimamente relacionada con la falta de información proporcionada por la autoridad penitenciaria", sostiene.
Además, el informe señala que el 34 por ciento de los detenidos en cárceles federales, dependientes de la Nación,
denunció haber recibido torturas o malos tratos durante 2010, mientras que el 79 por ciento sufrió lesiones por agresiones.
Precisa además que durante el último trimestre del año pasado se denunciaron 582 actos de tortura y/o malos tratos, aunque "solamente una pequeña parte de los casos son denunciados, fundamentalmente debido a la inacción de la Justicia, la impunidad de los torturadores y las posibles represalias de las víctimas que denuncian", puntualiza.
"Asimismo, se constata una significativa naturalización de las prácticas violentas institucionales por parte de las personas detenidas, producto de la regularidad, sistematicidad y generalidad de las mismas", subraya.
"La enorme mayoría de las causas judiciales de tortura y malos tratos son archivadas al poco tiempo de ser iniciadas", agrega.
Más de 60.000 personas se encuentran detenidas en las cárceles del país, unas 1.900 de ellas extranjeras, según datos del informe, que advierte sobre los ejercicios "violentos, humillantes, vejatorios y degradantes sobre los cuerpos y la psiquis de las personas detenidas".
Estos ejercicios "son sostenidos y reiterados en el tiempo, extendidos y generalizados en los diferentes pabellones y módulos de las 35 cárceles federales distribuidas en todo el territorio nacional" y aplicados por "personal de seguridad interna, externa, profesional y personal jerárquico", denuncia.
Un documento de la Comisión Provincial de la Memoria advirtió el año pasado sobre la acumulación de casi 11.000 casos de torturas denunciadas en las cárceles dependientes del Servicio Penitenciario de la provincia de Buenos Aires, la mayor del país.
Varias organizaciones humanitarias alertan desde hace años sobre los
altos niveles de hacinamiento en las cárceles, donde se han registrado numerosos motines en protesta por las condiciones de detención.
Cargill
